REGULACIÓN

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Muchas corporaciones multinacionales europeas (incluso comerciantes de bananos y supermercados) se benefician económicamente por medio de operaciones fuera de la UE – por ejemplo, plantaciones de fruta tropical – pero evitan responsabilizarse de su impacto en las condiciones de trabajo, salarios y prácticas medioambientales, a menudo subcontratando sus operaciones o utilizando compañías filiales.

Pero dichos subcontratistas y filiales a menudo violan derechos laborales fundamentales y la legislación medioambiental. Con demasiada frecuencia, la gente cuyas vidas han sido perjudicadas por prácticas empresariales tienen pocas oportunidades (o ninguna) para hacer valer sus derechos en su propio país o en el país donde tiene su sede una compañía. Además, la gente a menudo se enfrenta a amenazas graves por tomar medidas. Por ejemplo, se podría despedir a un trabajador solamente por hacerse miembro de un sindicato.

Es deber de los estados particulares de responsabilizar a las compañías a través de la introducción y aplicación de la legislación que pueda utilizarse para asegurar que las actividades económicas en sus cadenas de suministro no tengan impacto perjudicial en las comunidades en países productores. Sin embargo, son muy pocos los países – Francia, por ejemplo – que tienen unos instrumentos legales mínimos para responsabilizar parcialmente a las empresas por los impactos sociales y medioambientales de sus actividades.

¿Que se ha hecho hasta ahora?

Al nivel internacional, se han tomado medidas para tratar el papel que desempeña el sector privado, y su responsabilidad, en el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Ejemplos incluyen las “Directrices para empresas multinacionales” de la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), las Convenciones y Declaraciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Aunque estas últimas iniciativas constituyen un paso valioso hacia la responsabilidad corporativa, y están acordadas por los estados que se responsabilizan de implementarlas, existen pocos instrumentos legales que se puedan usar para asegurar que las empresas cumplan con estos estándares. No son un substituto de una regulación verdaderamente vinculante de las actividades de las empresas multinacionales. Sigue habiendo una necesidad urgente, por lo tanto, de que los estados adopten una legislación vinculante a nivel regional, nacional e internacional, con la aprobación de la sociedad y de los sindicatos independientes.

Los supermercados

Se ha venido mostrando bastante preocupación sobre el poder de compra de los supermercados en varios países de la UE. Algunos estados miembros han intentado abordar el problema introduciendo leyes para, por ejemplo, regular las relaciones proveedor-minorista; prohibir la venta a bajo coste; poner fin a precios depredadores y discriminación del precio; y para disminuir la dependencia en las relaciones comerciales.

Estas iniciativas nacionales son pasos muy positivos que avanzan un poco hacia la resolución de los abusos que puedan ocurrir como consecuencia del desequilibrio de poder entre minoristas y proveedores. Sin embargo, su impacto es limitado debido a la naturaleza global de la obtención de recursos y de la venta minorista. En toda la UE, la venta minorista está dominada cada vez más por un número pequeño de cadenas de supermercados. Mientras que existe una legislación antimonopolio para prevenir que los grandes productores abusen de su dominio en el mercado, no existe legislación europea concebida específicamente para enfrentarse al abuso del poder de compra por parte de los supermercados.

Éstos minoristas se están convirtiendo rápidamente en ‘porteros’ que controlan el único acceso real a los consumidores de la UE que poseen los agricultores y otros proveedores.

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